Una de las consecuencias de la crisis que estamos padeciendo es un posible cambio de la legislación en la oferta de hipotecas. Mayores controles y límites. Se acabaría, por tanto, la competencia entre las entidades para alargar el máximo los plazos y las cantidades; incluso cuando regresen los tiempos de tipos bajos (que volverán, que nadie lo dude).
La posibilidad de extremar el control de la oferta es una mala noticia. Una claudicación del sistema frente a la irresponsabilidad que han demostrado los agentes del mercado en los últimos cuatro años. Es muy fácil analizar a posteriori, pero -explican los defensores de adoptar medidas extremas de control- si no se hubieran ofrecido hipotecas a tontas y a locas, los precios de las viviendas no hubieran subido a la estratosfera, no habría habido burbuja y hoy no habría parálisis en el mercado. Por lo contrario, hoy nos encontramos con un panorama de creciente morosidad hipotecaria (y de los promotores) y con que las entidades financieras aumentan su cartera inmobiliaria.
¿Propuestas? La más sencilla. Obligar a bancos y cajas a no dar hipotecas por más del 60% del valor de la vivienda que se quiere comprar. Obligar, además, a no ofrecer hipotecas a más de 30 años. Y tercera, e igualmente dura, impedir que la hipoteca sea superior al 30% de los ingresos brutos anuales del comprador o compradores. Una cuarta opción sería mejorar la fiscalidad hacia las hipotecas con interés fijo.
Con estos condicionantes, para simplificar, el mercado empezaría a regularse sin necesidad de mayor intervencionismo. Los precios de venta de vivienda se desacelerarían más y aumentaría el alquiler. Lo más importante: las posibilidades de que las entidades incurran en clientes morosos en casos de cambio ciclo estarían cercanas a cero.
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