Sacar a la venta el ‘stock’ de casa en condiciones asumibles para el comprador es el principal objetivo de las propuestas que la APCE ha presentado al Gobierno
Movilizar el mercado de viviendas existentes no vendidas requiere una actuación urgente y con efectos inmediatos. Lo dice la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), que acaba de destapar sus reivindicaciones para dar una ‘vuelta de tuerca’ a la situación por la que atraviesa el sector. Sus demandas llegan después de que tanto el Gobierno como varias administraciones autonómicas -con Castilla-La Mancha como adalid- anunciaran iniciativas dirigidas a incentivar la actividad inmobiliaria. Lo que está en juego no es baladí: impedir una “importantísima pérdida de empleo” en uno de los sectores estratégicos de la economía nacional. Evitarlo exige garantizar “un grado de actividad asumible” a las promotoras que supone, en primer lugar, vender las existencias de unidades en ‘stock’.
En este contexto, las ayudas al comprador se erigen como una necesidad. Por eso, la patronal apuesta por establecer una nueva categoría de residencia protegida, intermedia entre la libre y la de precio concertado, con un valor limitado según la zona geográfica, a la que se ‘apuntarían’ las viviendas libres sin vender. “El promotor se sacrifica al bajar el precio y el adquirente recibe ayudas”, comenta un portavoz. Eliminar el periodo legal de un año para que las casas nuevas calificadas como protegidas puedan enajenarse en las condiciones aplicadas a las usadas y restablecer la financiación cualificada de la urbanización de suelo para VPO, así como agilizar el registro de compradores de estos productos que evite el retraso de la disponibilidad de créditos, son otras de las propuestas incluidas en el pliego de medidas.
Que la demanda recupere la confianza pasa también por que el Estado otorgue su garantía para la emisión de títulos hipotecarios, condicionada a la reutilización a corto plazo de los recursos financieros en el propio mercado inmobiliario, y por reactivar la rehabilitación. La APCE solicita dotar a esta última actividad de una regulación que le otorgue mayor transparencia y deducir el IVA que se le aplica en estos momentos.
El plan, expuesto con detalle hace unos días al secretario de Estado de Economía, David Vegara, y trasladado a los responsables de los ministerios de Vivienda y Trabajo, contempla además que los propietarios puedan disfrutar de préstamos con un tipo de interés que no subirá por encima del aplicable a la VPO durante un periodo de tiempo, gracias a la asunción del diferencial por parte de la Administración central. “No pedimos financiación ni ayudas directas para el sector, sino que el aval gubernamental a los títulos hipotecarios de las entidades financieras para que revierta en la vivienda protegida se extienda a todo tipo de residenciales”, manifiestan desde la APCE antes de incidir en que se trata de medidas “realistas”.
La nueva titular de la cartera de Vivienda, Beatriz Corredor, habló durante su toma de posesión de la VPO, la obra pública y la rehabilitación como las principales áreas que el Gobierno impulsará desde su Ministerio. Y abogó por convocar a empresarios, organizaciones, sindicatos, ayuntamientos y comunidades autónomas para trabajar por un Pacto Estatal que tenga, entre otros objetivos, “modernizar y reactivar” el sector inmobiliario. Para lograrlo, Corredor esbozó como actuaciones básicas promover y reducir la carga fiscal de la rehabilitación -campo que, junto a la “recuperación de barrios”, pretende impulsar- y acelerar la licitación de obra pública de su competencia, además de reiterar el compromiso estatal de promover 150.000 casas protegidas al año y fomentar el alquiler.
Es sin embargo su colega Pedro Solbes el principal aludido por las reclamaciones de la patronal para reactivar la demanda, pues a su departamento compete la puesta en marcha de medidas como el recorte del IVA o la mejora del tratamiento fiscal.
Financiación
Actualizar las bases de aplicación de la deducción por compra de vivienda en el impuesto de la renta, es decir, trasladar al presente el valor de los 9.000 euros fijados en 1998, “al menos con las subidas anuales del IPC”; o que el titular de un crédito pueda obtener del pagador de sus retribuciones una rebaja en las retenciones fiscales por IRPF, son dos de las propuestas que, según la APCE, facilitarán el acceso a la vivienda.
La patronal cifra además sus esperanzas en que se concedan deducciones en la cuota a los adquirentes de vivienda no habitual con la condición de que la cedan en alquiler durante un tiempo. “Aminorar la carga financiera a la que ha de hacer frente el comprador es siempre un estímulo para comprar una casa” constatan en la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO), aunque también opinan que el presente escenario no permite un margen de maniobra muy amplio en materia fiscal.
VPO
Entre las acciones de carácter coyuntural que solicita la APCE tienen especial importancia las dirigidas a potenciar la vivienda protegida. Los buenos datos de transacciones auguran una evolución favorable, máxime cuando las administraciones se han comprometido a aumentar sus unidades. Pero es preciso ir más allá. Por eso, el sector reclama la convocatoria de concursos para la enajenación de suelos de las administraciones públicas que serían destinados a estas unidades, la revisión del precio básico nacional, la extensión de las ayudas públicas directas a los compradores de VPO de precio concertado o la reconsideración del registro de demandantes para agilizar la concesión de créditos vinculados a porcentajes de venta. Es prioritario, además, acabar con “las dificultades para la urbanización”, lo que se lograría con la financiación de estas actuaciones. Una medida que no es, ni mucho menos, novedosa, ya que se contempló en anteriores planes de vivienda. Convocar una conferencia sectorial para que las normas autonómicas se adapten a la legislación estatal de forma homogénea es otra de las reivindicaciones.
Rehabilitación
Con un parque de viviendas en busca de estándares de calidad y equipamiento, la rehabilitación es un segmento que tiene mucho que decir en la reactivación del inmobiliario y, si bien es cierto que reclama puestos de trabajo más cualificados, también lo es que ‘tirará’ de otros sectores de actividad. El Gobierno adelantó que permitirá el acceso de promotores y propietarios a préstamos protegidos con un interés inferior al del mercado bancario, mientras el Ministerio de Vivienda ha creado las áreas de renovación urbana, dentro de las cuales se permite derribar edificios degradados para construir otros nuevos.
Además, hace apenas una semana el Consejo de Ministros aprobó aplicar el tipo reducido del 7% en este tipo de obras siempre que su valor sea superior al 25% del total sin incluir la repercusión del solar, como ocurría hasta ahora. La medida, que ha recibido una buena acogida por parte de los colectivos profesionales involucrados en este campo, pretende que esta actividad, que supone el 25% del total de la construcción en España -11 puntos por debajo del porcentaje europeo- , absorba parte de la mano de obra del residencial, como apuntó el presidente del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas, Néstor Turró.
El anuncio se ha considerado un primer paso para conseguir la aplicación de un tipo reducido del IVA en la totalidad de obras de rehabilitación, y a este particular se dirigen las peticiones de la APCE, que además solicita dotar a este ámbito de una regulación que asegure que son las empresas legalmente constituidas las que realizan las intervenciones.
Sin embargo, y aunque un portavoz de la patronal califica de “cuestión de Estado” sus propuestas, otros consideran que las medidas, además de llegar tarde, “tendrán un efecto limitado”. Según AERCO, no se dirigen a impulsar el mercado de la vivienda, sino “a amortiguar el impacto” derivado de la desaceleración de la edificación “en términos de empleo y demanda interna”. Por eso, manifiestan que la previsión ante el cambio de contexto económico y “las fórmulas tendentes a limitar el precio del suelo”, hubieran sido más eficaces.
Mientras, a juicio del presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Javier Lamo de Espinosa, sería fundamental que incidieran en “garantizar la seguridad jurídica de la vivienda residencial”, en particular en la costa mediterránea, principal obstáculo, sostiene, para que los jubilados europeos adquieran estos productos. El presidente demanda, además, un desarrollo rápido de las iniciativas que están ya sobre la mesa de los responsables políticos.
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