abril 2008 Cambia de banco – Hipotecas – Euribor

“Es un robo, un expolio. Lo que pasa con la vivienda es escandaloso”. El aumento de los precios de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) levanta estas críticas desde la Asociación Nacional Plataforma por la Vivienda Digna (PVD). La decisión del Ministerio de Vivienda de incrementar a principios de abril el precio de los módulos que se aplican a este tipo de viviendas ha permitido a las Comunidades Autónomas incrementar de golpe en casi un 30%, como ha ocurrido en Madrid, el precio de la vivienda protegida.

“Los promotores son unos sinvergüenzas”, señala José Luis, portavoz de la PVD, que acusa a los constructores de refugiarse en la vivienda protegida tras seis meses de crisis en la venta de vivienda libre. Para esta asociación tanto desde los Ministerios de Economía y Vivienda como desde las Comunidades Autónomas “se les da” todo lo que reclaman a través de sus “poderosos lobbies”. “Todo es para ellos”, concluye.

Desde el Ministerio, lo niegan rotundamente. “No es cierto que el sector esté recibiendo más ayudas que los consumidores. El sector no hace más que pedir ayuda”, señalan desde Vivienda, dónde consideran que deben “poner su grano de arena a través de los instrumentos públicos como la VPO y la rehabilitación” ante el reajuste de demanda. Por eso “la VPO es una herramienta potentísima para mover el sector, que no está acostumbrado a vacas flacas”, aunque sin “costear las pérdidas de las empresas”.

Según datos de Vivienda, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda protegida en España se ha incrementado en un 7,8% en los últimos doce meses. Se ha situado en 1.100 euros. Todo ello junto a un descenso en la construcción de vivienda protegida del 12% respecto al año 2006. Ese año se batió el récord histórico con el inicio de 95.255 viviendas protegidas. Dicha reducción sirve de amparo a las comunidades autónomas para adoptar el precio máximo fijado por el Ministerio para este tipo de vivienda.

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El negocio inmobiliario se hunde, pero menos en Murcia. La Región vuelve a encabezar las estadísticas del INE sobre compraventa de viviendas. Hubo 224 transacciones de este tipo por cada 100.000 habitantes en Murcia en el mes de febrero por 152 de la media nacional, que cayó un 24% respecto al mismo mes del año anterior. Con 198, la Comunidad Valenciana sigue a la Región en la transmisión de viviendas, y también Andalucía y Castilla-La Mancha, con 192 en cada comunidad. País Vasco y Galicia son las regiones en que menos viviendas se vendieron en febrero por cada habitante. En el frenazo general de la venta de inmuebles destaca el sufrido por la vivienda usada, que tuvo una variación interanual del -34%. La compra de vivienda nueva descendió un 11%, un 24% la vivienda libre y un 34% la protegida.

La Región de Murcia también se situó en febrero entre las autonomías con más compraventa relativa de fincas tras Castilla-La Mancha, La Rioja y Valencia. En todo el Estado, la compra de fincas rústicas cayó un 23%.

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La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, mantendrá hoy su primer encuentro con los sindicatos CC.OO. y UGT, como primer paso para alcanzar el pacto de Estado al que se comprometió en su primer discurso, el día de traspaso de carteras, hace ya más de una semana.

Desde el ámbito sindical, acudirán a la reunión el secretario general de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC.OO. (Fecoma-CC.OO.), Fernando Serrano, mientras que, por parte de UGT, lo hará el secretario general de la Federación del Metal y Afines de la UGT (MCA-UGT), Manuel Fernandez ‘Lito’.

En declaraciones a Europa Press, ambas fuerzas sindicales coincidieron en defender la necesidad de impulsar la construcción de viviendas protegidas (VPO) para facilitar el acceso de muchos ciudadanos a una vivienda y compensar la pérdida de empleos en el segmento de la vivienda libre.

En el caso de UGT, el sindicato aseguró que ofrecerá su colaboración a la ministra en el desarrollo de políticas relativas a la vivienda protegida, ya que, según dijeron, “tienen un papel fundamental” en el actual momento desaceleración en el sector.

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Sacar a la venta el ‘stock’ de casa en condiciones asumibles para el comprador es el principal objetivo de las propuestas que la APCE ha presentado al Gobierno

Movilizar el mercado de viviendas existentes no vendidas requiere una actuación urgente y con efectos inmediatos. Lo dice la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), que acaba de destapar sus reivindicaciones para dar una ‘vuelta de tuerca’ a la situación por la que atraviesa el sector. Sus demandas llegan después de que tanto el Gobierno como varias administraciones autonómicas -con Castilla-La Mancha como adalid- anunciaran iniciativas dirigidas a incentivar la actividad inmobiliaria. Lo que está en juego no es baladí: impedir una “importantísima pérdida de empleo” en uno de los sectores estratégicos de la economía nacional. Evitarlo exige garantizar “un grado de actividad asumible” a las promotoras que supone, en primer lugar, vender las existencias de unidades en ‘stock’.

En este contexto, las ayudas al comprador se erigen como una necesidad. Por eso, la patronal apuesta por establecer una nueva categoría de residencia protegida, intermedia entre la libre y la de precio concertado, con un valor limitado según la zona geográfica, a la que se ‘apuntarían’ las viviendas libres sin vender. “El promotor se sacrifica al bajar el precio y el adquirente recibe ayudas”, comenta un portavoz. Eliminar el periodo legal de un año para que las casas nuevas calificadas como protegidas puedan enajenarse en las condiciones aplicadas a las usadas y restablecer la financiación cualificada de la urbanización de suelo para VPO, así como agilizar el registro de compradores de estos productos que evite el retraso de la disponibilidad de créditos, son otras de las propuestas incluidas en el pliego de medidas.

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Los promotores inmobiliarios están dispuestos a bajar el precio de los pisos en determinados supuestos y mercados, siempre que el Gobierno articule medidas que contribuyan a animar a la venta de viviendas.

Así lo apuntó hoy la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) en la presentación del conjunto de medidas que ya han entregado al Ejecutivo para “favorecer el acceso a la vivienda y garantizar el empleo”.

Su objetivo es “desatascar” la situación que actualmente afronta el sector: un ‘stock’ de medio millón de viviendas sin vender consecuencia del descenso del 60% que las ventas acumulan desde el pasado mes septiembre, y la perspectiva de que este año sólo se comenzarán a construir unas 250.000 nuevos pisos, una tercera parte respecto a años anteriores (unas 600.000 unidades).

Los promotores advierten de que si no se frena esta tendencia, la actividad de construcción de viviendas, “la primera de la economía en cuanto a generación de empleo”, derivará en problemas de desempleo (alrededor de un millón de desempleados en 2009) y, en consecuencia, de consumo. “Si nosotros no vendemos (pisos), Hacienda no obtiene ingresos y, además, tendrá que pagar subsidios de paro”, alertó el secretario general de APCE, Manuel Martí, al Gobierno.

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La Asociación Hipotecaria Española (AHE) -que representa a bancos, cajas y cooperativas de crédito- afirmó ayer que las familias españolas menos pujantes «han alimentado y sostenido» el boom inmobiliario. En un informe sobre el coste de la deuda hipotecaria, las entidades aseguran que el esfuerzo anual para pagar las hipotecas firmadas más allá de 2002 podría aumentar en 1.100 euros al año si el euribor, que ayer rebasó el 4,85% y se acerca al 5%, mantuviera su actual vigor.

La AHE resaltó que las cuotas medias anuales de los créditos que se firmaron en 2007 se incrementaron un 16% respecto a las de un año antes, dato que contrasta con el repunte del precio de la vivienda el pasado año, que sólo fue del 4,8%.
La organización da a entender que los españoles menos pujantes se han lanzado a firmar hipotecas peligrosas. Sin embargo, no detalla cómo, o en base a qué, bancos y cajas permitieron ese aluvión de crédito arriesgado. El informe señala que la contratación de 2005 a 2007 ha reforzado el dominio de los tipos de interés variables, ya que más de un 90% de los nuevos contratos fueron de esta modalidad.

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El Euribor cerró la semana pasada con la tasa más alta en lo que va de año. El tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España subió el viernes hasta el 4,8% coincidiendo con la decisión del Gobierno de permitir a todas las familias ampliar sin costes el plazo de amortización de sus créditos sobre primera vivienda, con el objetivo de reducir la cuota mensual que pagan a los bancos.

Esta medida forma parte del plan diseñado por el Ejecutivo para reactivar la economía, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del viernes pasado. Además, el sexto máximo anual diario consecutivo registrado por el Euribor coincidió con las advertencias realizadas por el Banco Central Europeo (BCE) sobre los riesgos inflacionistas a corto plazo, que alejan la posibilidad de una bajada de los tipos de interés.

Teniendo en cuenta los 14 valores del Euribor disponibles hasta ahora, si el mes de abril cerrara así, arrojaría un valor del 4,760% de media, lo que significaría una subida de 0,507 puntos respecto al índice de abril del año pasado. Con esta tasa, la cuota mensual de una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años de plazo y con revisión anual, se encarecería en 44,3 euros (531,84 euros más al año). Si esta misma hipoteca se revisara semestralmente, el aumento sería de 9,98 euros (59,88 euros más al año).

Los analistas estiman que el Euribor se mantendrá hasta el verano en niveles elevados, ya que es improbable que el BCE, centrado en la vigilancia de los precios, recorte el precio del dinero antes del segundo semestre del año.
Presiones sobre la inflación

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